El Gobierno ha iniciado la tramitación de una regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España, mediante un Real Decreto actualmente en fase de audiencia pública.
Nos encontramos ante una de las novedades jurídicas más relevantes de 2026 en materia de extranjería, con un claro objetivo: dar seguridad jurídica y reconocer derechos a una realidad social ya existente .
¿QUÉ REQUISITOS SE PEDIRÁN?
El Real Decreto fija requisitos claros para garantizar la seguridad jurídica, siendo el principal acreditar una permanencia continuada de, como mínimo, cinco meses en el momento de la solicitud y haber residido en nuestro país antes del 31 de diciembre de 2025.
Además, será imprescindible carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público.
Se espera que las solicitudes se empiecen a presentar a principios de abril, una vez cumplidos los trámites preceptivos para aprobar definitivamente el Real Decreto, y el proceso estará abierto hasta el 30 de junio de 2026.
¿CUÁL ES EL IMPACTO LABORAL?
La autorización de residencia habilita automáticamente para trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector, eliminando trabas administrativas tanto para la persona trabajadora como para el empleador.
La autorización que se concede tiene una vigencia inicial de un año.
Transcurrido ese plazo, las personas deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que facilita una integración progresiva y estable en el sistema.
La medida es plenamente compatible con el nuevo Reglamento de Extranjería, que establece un marco estructural para la migración regular, mientras que esta regularización permite actuar sobre situaciones de irregularidad ya consolidadas.
La regularización permite su integración plena: pueden cotizar, pagar impuestos y acceder a derechos como la sanidad o la educación, asumiendo las mismas obligaciones que el resto de la ciudadanía.
Las regularizaciones extraordinarias son una práctica consolidada de gestión.
Desde finales de los años 80, España ha aprobado varios procesos de este Tipo.