Seleccione su idioma
No todos los éxitos en extranjería llegan por la vía de la solicitud: a veces hay que pelearlos ante los tribunales. Hoy os traemos un caso especialmente satisfactorio para el despacho.
Orden de expulsión: 18 de agosto de 2025.
Sentencia del TSJ de Extremadura: 18 de noviembre de 2025.
Revocación de la expulsión: 24 de julio de 2026
En el despacho volvemos a estar de enhorabuena: la Oficina de Extranjería de Badajoz acaba de resolver favorablemente un nuevo expediente de extranjería tramitado por nuestro equipo.
Un simple error al seleccionar un contacto o introducir un número de teléfono puede hacer que el dinero llegue a la cuenta de una persona completamente distinta de la que estaba destinada a recibirlo. Se trata de una situación mucho más habitual de lo que parece y que, desde el punto de vista jurídico, puede tener importantes consecuencias.
El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado la reciente Sentencia 426/2026, de 24 de junio, mediante la cual fija doctrina sobre una cuestión que venía recibiendo respuestas contradictorias en los tribunales: si el propietario de una vivienda ocupada comete un delito al cortar la luz o el agua para recuperarla.
Cada vez más personas se desplazan en bicicleta, pero pocas se han planteado qué ocurre, jurídicamente, si dos ciclistas chocan y no puede demostrarse quién tuvo la culpa. El Tribunal Supremo acaba de fijar criterio en su sentencia n.º 748/2026, de 13 de mayo, y la respuesta es clara: a los accidentes entre ciclistas no se les aplica el régimen especial de los accidentes de tráfico, sino las reglas generales del Código Civil. Y bajo esas reglas, sin culpa probada no hay indemnización.
La tenencia de animales de compañía conlleva una serie de obligaciones ineludibles que, de ser ignoradas, pueden derivar en consecuencias mucho más graves que una simple sanción administrativa.
La reclamación de indemnizaciones por caídas en parkings es un tema de conversación muy habitual, pero la realidad judicial es mucho más estricta de lo que parece. Para entenderlo, hay que partir de la base de nuestra responsabilidad civil, recogida en el artículo 1902 del Código Civil.
Esta norma viene a decir que quien causa un daño a otro por culpa o negligencia, está obligado a pagarlo. Sin embargo, los tribunales han dejado muy claro a lo largo del tiempo que los dueños de los establecimientos no son aseguradoras universales de todo lo que nos pase. Un ejemplo perfecto de esto es una reciente y llamativa resolución de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que ha decidido sobre el caso de un usuario que resbaló con un líquido en un aparcamiento.
La vida en una comunidad de propietarios implica cumplir con unas reglas básicas de convivencia y mantenimiento, incluso cuando no residimos en el inmueble. Una reciente y llamativa sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca ha dejado muy claro el altísimo coste que tiene ignorar estos deberes: un propietario ha sido condenado a indemnizar con 14.506 euros a sus vecinos de la planta inferior por desentenderse de su terraza y permitir que se formara una plaga de palomas.
