El reciente pronunciamiento de fecha 8 de Abril de 2026, de la Audiencia Provincial de Badajoz ofrece una oportunidad especialmente ilustrativa para analizar, desde una perspectiva estrictamente jurídico-penal, los elementos configuradores del delito de omisión del deber de socorro y, en particular, las exigencias probatorias que condicionan su apreciación.

En una reciente resolución judicial, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha reconocido el derecho a indemnización por los perjuicios derivados de lo que doctrinal y coloquialmente se conoce como “pena de banquillo”, fijándose una compensación de 15.750 euros tras un proceso penal que se prolongó durante nueve años.

El pasado 18 de febrero de 2026 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 3 de febrero de 2026, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), por la que se hacen públicas las cuantías actualizadas del sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación con efectos desde el 1 de enero de 2026.

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