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La presente publicación, tiene por objeto destacar el éxito procesal obtenido por el Letrado de este Despacho Carlos Franco Domínguez, mediante la Sentencia dictada el cinco de mayo de dos mil veintiséis por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Badajoz.
En la práctica, existe la creencia errónea de que el arrendatario puede paralizar en todo caso un procedimiento de desahucio mediante el abono de la deuda. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico configura la enervación del desahucio como un derecho estrictamente limitado y condicionado.
Hoy celebramos un nuevo caso resuelto favorablemente gracias a nuestro trabajo en materia de extranjería:
Solicitud presentada: 25 de marzo de 2026
Resolución favorable: 17 de abril de 2026
En el ámbito del derecho de extranjería, cada resolución favorable es una victoria que reafirma la importancia de una defensa legal rigurosa.
Hoy celebramos un éxito significativo para uno de nuestros clientes: La Subdelegación del Gobierno en Badajoz ha estimado nuestro Recurso de Reposición, revocando una orden de expulsión del territorio nacional que conllevaba una prohibición de entrada de 3 años .
El reciente pronunciamiento de fecha 8 de Abril de 2026, de la Audiencia Provincial de Badajoz ofrece una oportunidad especialmente ilustrativa para analizar, desde una perspectiva estrictamente jurídico-penal, los elementos configuradores del delito de omisión del deber de socorro y, en particular, las exigencias probatorias que condicionan su apreciación.
En nuestro despacho celebramos una nueva resolución favorable en materia de extranjería.
Nuestro cliente, cuya solicitud fue presentada el 13 de marzo de 2026, ha obtenido resolución favorable el 30 de marzo de 2026, consiguiendo un permiso de residencia y trabajo por familiar de ciudadano español con una validez de cinco años.
En una reciente resolución judicial, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha reconocido el derecho a indemnización por los perjuicios derivados de lo que doctrinal y coloquialmente se conoce como “pena de banquillo”, fijándose una compensación de 15.750 euros tras un proceso penal que se prolongó durante nueve años.
El incremento de las operaciones financieras realizadas a través de medios electrónicos ha provocado un crecimiento significativo de las conductas fraudulentas vinculadas al sistema bancario.
