José Ignacio, un jubilado de 78 años, fue víctima de un fraude sentimental que combina tecnología avanzada y manipulación emocional.
Durante meses mantuvo correspondencia con “Ainur”, un perfil que simulaba ser una doctora de Kazajistán, y llegó a transferir 8.800 euros creyendo que ayudaba a una persona real. Sin embargo, todo era una creación de inteligencia artificial: imágenes, mensajes y supuestas interacciones diseñadas para convencerle de la existencia de esta persona.
Este caso, pone de relieve un fenómeno cada vez más frecuente y complejo: La utilización de IA para suplantar identidades con fines fraudulentos.
Desde el punto de vista jurídico, estas estafas presentan un nuevo desafío.
La legislación española contempla el delito de estafa en los art. 248 y siguientes del Código Penal, así como la vulneración de la intimidad y la imagen (arts. 197 y siguientes).
Además, la responsabilidad civil puede abrir la vía para reclamar indemnización por daños patrimoniales y morales. Sin embargo, la novedad radica en que la víctima no interactúa con una persona física, sino con un algoritmo capaz de generar perfiles falsos extremadamente realistas. Esto complica la identificación de los responsables y pone a prueba los límites de la normativa actual.
La protección de datos, regulada por la LOPDGDD(Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales) y el RGPD(Reglamento General de Protección de Datos), también se enfrenta a retos inéditos. La creación de identidades artificiales utilizando información personal sin consentimiento directo desafía los mecanismos tradicionales de control y sanción. Plataformas digitales y redes sociales se encuentran en la primera línea de este problema, ya que deben detectar y actuar frente a contenido ilícito generado por IA, aunque la velocidad y sofisticación de estos sistemas dificultan su intervención.
Estos casos evidencian cómo la inteligencia artificial está transformando el panorama delictivo. La combinación de tecnología avanzada y vulnerabilidad emocional convierte a los ciudadanos en víctimas potenciales de estafas que hasta hace poco parecían imposibles. La legislación española ofrece herramientas de protección, pero la rapidez con la que evoluciona la IA exige una actualización constante de normas y procedimientos.
Para los ciudadanos, el conocimiento de los derechos y la prudencia en entornos digitales son más importantes que nunca. Ante situaciones de fraude complejo, la intervención de profesionales especializados es esencial para garantizar que los derechos de las víctimas sean respetados y protegidos.